Cinco políticos soberanistas catalanes que son juzgados por el proceso independentista inconstitucional de 2017 pidieron hoy al Tribunal Supremo español (TS) que los deje en libertad para poder acreditarse como parlamentarios.
Cuatro de ellos fueron elegidos diputados del Congreso en los comicios legislativos del 28 de abril pasado, el otro es senador electo y todos ellos cumplen prisión provisional.
Según la normativa española, uno de los requisitos para adquirir la condición de legislador es acatar la Constitución en la primera sesión plenaria de la cámara legislativa a la que asista el electo.
En sendos escritos dirigidos al TS, los abogados de los encausados manifiestan la voluntad de sus defendidos de acudir al Congreso y el Senado el día 21 de mayo, cuando se constituyen las dos cámaras, y poder actuar con "todas las garantías y derechos" como legisladores.
Así, piden al Alto Tribunal que revoque su prisión provisional para poder ejercer como parlamentarios.
También plantean que el Supremo pida el suplicatorio al Parlamento para que éste autorice, en su caso, continuar con el juicio, ya que se trataría de cargos aforados si finalmente adquieren la condición de legisladores.
Uno de los letrados argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 753, "da un paso más" al prever "la suspensión del proceso judicial a la espera de la resolución de los suplicatorios de los encausados".
Además, asegura que la tramitación del suplicatorio obliga también a "revisar y dejar sin efecto las medidas cautelares que puedan limitar o condicionar el ejercicio del cargo, especialmente las que afecten a la libertad personal".
En caso contrario, dice, "se estaría vulnerando su derecho de sufragio pasivo como candidato electo, y también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que, con su voto, contribuyeron a su elección".
El Supremo juzga desde el 12 de febrero pasado a 12 procesados, incluidos esos cinco políticos, por delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia, acusados de promover y organizar un referéndum ilegal de "autodeterminación" de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017.
EFE / RA
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