El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció públicamente que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela a través de una “fórmula” secreta diseñada para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. La revelación se produjo durante una emisión de su pódcast Desde la presidencia, en la que también participó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Ambos confirmaron que, a pesar de la reducción de los envíos por parte de Venezuela debido a las restricciones internacionales, el suministro no se ha detenido.
Díaz-Canel afirmó: “Fórmula que no vamos a explicar para que no nos la persigan”, mientras que el ministro señaló: “Vamos caminando y encontrando soluciones”.
Investigaciones de Cuentas Claras Digital han denunciado la existencia de una estrategia secreta ejecutada por una red de corrupción que facilita el comercio ilícito de crudo venezolano con la complicidad de figuras clave de los regímenes cubano y venezolano, así como operadores en Panamá. Entre los nombres señalados en la trama se encuentran Ramón Carretero Napolitano y su primo Félix Falabella Napolitano, operadores panameños con un papel central en negociaciones ilegales relacionadas con la venta de petróleo de PDVSA y manipulaciones con el diferencial cambiario. También se menciona la participación de Alejandro Castro Espín y Paolo Titolo Castro —hijo y nieto, respectivamente, de Raúl Castro—, junto con Alejandro Betancourt, operador de PetroZamora, y Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores.
Además de los pagos a proveedores y contratistas mediante barriles de petróleo en modalidad de trueque, Malpica Flores y Carretero manejarían también la refinería de Cardón. Paralelamente, Betancourt y el empresario estadounidense Harry Sargeant III estarían aprovechando el bloqueo y las sanciones para extraer petróleo de Venezuela y venderlo en mercados internacionales, utilizando oficinas y puertos en Cuba y Panamá, así como un sistema de pago basado en criptomonedas que opera con el máximo secretismo.
Los bancos utilizados por la red serían BancaAmiga en Venezuela y Compac Bank en Dominica, los mismos implicados en el caso de la denominada criptocorrupción petrolera de 2024. Este esquema operaría bajo la Ley Antibloqueo venezolana, que permite la venta sin identificar a los compradores, a través de un sistema de pago sin transparencia ni rendición de cuentas.
Expertos consideran que la “fórmula” mencionada por el régimen cubano podría referirse a este esquema ilícito de triangulación que emplea compañías fachada, registros opacos, barcos con banderas múltiples y rutas alternativas para mover el crudo venezolano sin dejar rastro directo, vendiéndolo a clientes en India, China y otros países asiáticos.
Las declaraciones de Díaz-Canel confirman la existencia de esta operación clandestina, que ha sido objeto de múltiples investigaciones y sanciones por parte de Estados Unidos, incluyendo la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de petróleo y gas venezolano y la sanción a la petrolera estatal cubana Cubametales por su continuo apoyo al régimen de Nicolás M
aduro.
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