José Campo y Annyerneth Labory, serán imputados por el Ministerio Público por los delitos de apropiación y distracción del patrimonio público, así como agavillamiento.
De acuerdo con la investigación, los señalados, valiéndose de su condición de servidores públicos, pretendían comercializar 80 bolsas de alimentos CLAP que habían sido asignadas exclusivamente al personal del Metro de Caracas.
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, precisó que la venta y comercialización de estos productos está estrictamente prohibida, por lo que la actuación de los detenidos constituye un intento de lucrarse económicamente a costa de un beneficio social destinado a los trabajadores, generando así un grave daño al pueblo venezolano.
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