La organización Amnistía Internacional advirtió que la ley de amnistía aprobada en Venezuela podría terminar beneficiando al propio Estado, al considerar que “trata de simular una justicia” sin garantizar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas.
Según explicó el director de la ONG en el país, Marcos Gómez, la normativa —impulsada por el Parlamento de mayoría oficialista— en teoría abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, pero en la práctica solo contempla un número limitado de casos específicos.
Desde la organización sostienen que esto genera preocupación, ya que la ley podría ser utilizada para perdonar responsabilidades estatales en violaciones de derechos humanos, en lugar de centrarse exclusivamente en las víctimas. En ese sentido, alertan que el instrumento legal no cumple con estándares internacionales de justicia transicional.
Asimismo, cuestionan que la medida no incluya mecanismos claros de verdad, justicia y reparación, elementos fundamentales para garantizar que no se repitan los abusos. Expertos en derechos humanos también han insistido en que cualquier proceso de amnistía debe excluir a responsables de crímenes graves y permitir supervisión independiente.
La ley fue presentada por el oficialismo como un paso hacia la reconciliación nacional y la convivencia democrática. Sin embargo, organizaciones y sectores de la sociedad civil han señalado falta de transparencia en su aplicación y limitaciones en su alcance.
Para Amnistía Internacional, el riesgo principal es que la normativa termine siendo un instrumento político que proyecte una imagen de justicia, sin abordar de fondo las violaciones de derechos humanos denunciadas durante años en el país.
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