Las sentencias de 15 a 24 años de cárcel impuestas a estudiantes y pobladores por la justicia nicaragüense son "injustas" y un "castigo" para quienes protestan contra el gobierno, dijeron este miércoles sus familiares y abogados.
El juez séptimo penal de Juicio, Melvin Vargas, impuso penas de 17 años y seis meses de cárcel a Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel Vázquez, encontrados culpables de terrorismo y otros delitos.
Por los mismos cargos, la jueza Adela Cardoza condenó a nueve manifestantes de los llamados "autoconvocados" del municipio Tipitapa (20 km al norte de Managua), a penas de 15, 20 y 24 años de cárcel, dijo a la AFP su abogado Julio Montenegro.
A los procesados de Tipitapa se les imputó la colocación de barricadas o bloqueos de vías en 12 puntos del país, aunque esa acusación no fue demostrada por la fiscalía, según la defensa.
"Estas son las primeras sentencias por delito de terrorismo" que emiten los tribunales de justicia contra personas que desde abril pasado protestan contra el gobierno, destacó Montenegro, quien sin embargo considera "nulos" los procesos por una serie de irregularidades.
Mientras se comenzaban a conocer estas condenas, el juez penal Cesar Areas decidió también este miércoles enjuiciar el 10 de diciembre a la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens por los delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, secuestro, tenencia ilegal de armas y robo agravado en perjuicio del Estado, según confirmó a la AFP el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Coppens, estudiante de quinto año de Medicina, es una de los líderes del movimiento de protesta que se inició en abril y cuya represión ha dejado más de 320 muertos, 2.000 heridos y unos 500 detenidos.
El delito de terrorismo
Otra sentencia ya dictada en el marco de las protestas es por el caso de la muerte del periodista Angel Gahona, el 21 de abril, aunque sus familiares consideran que no ha habido justicia y señalan como responsables a agentes policiales.
También el manifestante Carlos Bonilla fue condenado a 30 años por la muerte de un agente y a 60 años por asesinato en grado de frustración contra otros cuatro policías (15 por cada uno), pero Montenegro asegura que su responsabilidad no fue debidamente probada. No obstante, sólo cumpliría 30 años en prisión, pena máxima establecida en el código penal nicaragüense.
"Esas sentencias son irregulares desde el momento de la detención por paramilitares, con allanamientos de morada sin orden judicial", explicó también Montenegro.
En junio, en medio de las manifestaciones, el Parlamento aprobó una ley que sanciona el delito de terrorismo, la cual según opositores busca criminalizar la protesta.
El jurista estimó que lo que sus defendidos hicieron fue participar en protestas, "lo que no tiene nada que ver con terrorismo", según se define ese delito.
La mayoría de los procesados tienen "un cóctel de delitos" que van desde terrorismo, crimen organizado, asesinato, robo, portación ilegal de armas, entre otros, mencionó.
La policía, los fiscales y los jueces del sistema de justicia "actúan de forma combinada" en las irregularidades, alegó Montenegro.
"Escarmentar e intimidar"
"Esa sentencia es ridícula porque esta completamente fuera de lugar (...) protestar nada tiene que ver con terrorismo", dijo a la AFP, Liliam Ruiz, madre del condenado Hansell Vázquez.
Ruiz manifestó que lo que se busca "es escarmentar e intimidar a la gente" para que deje de protestar.
El veredicto será apelado, adelantó Ruiz.
"Aquí no hay justicia, no podemos confiar en esos procesos que no son transparentes mientras estén ahí esas personas (jueces)" que no actúan con imparcialidad", dijo de su lado la estudiante Jaqueline Zapata, amiga de Vázquez.
Organismos de derechos humanos estiman que unas 300 personas, de 500 detenidas por participar o apoyar las protestas, son acusadas penalmente de delitos graves, incluyendo terrorismo y crimen organizado.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma del sistema de pensiones, pero tras la violenta represión que deja más de 320 muertos, surgió la demanda de la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. AFP / RA
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