De acuerdo con informes técnicos y estimaciones del sector energético, Venezuela requiere una inversión urgente de al menos 15.000 millones de dólares para reparar, modernizar y estabilizar su infraestructura eléctrica. Esta cifra permitiría recuperar las plantas de generación, mejorar la transmisión y poner fin a los racionamientos que afectan la calidad de vida y la economía del país.
Corrupción vs. Oscuridad
La ironía de la crisis radica en que el presupuesto necesario ya existió, pero se perdió en los pasillos de la estatal petrolera. Durante el escándalo de corrupción conocido como "PDVSA-Cripto", se confirmó que Tarek El Aissami lideró un esquema que resultó en un desfalco inicial de 25.000 millones de dólares.
Esta suma, que representa un 66% más de lo que cuesta arreglar la luz en todo el territorio, corresponde a operaciones irregulares y exportaciones petroleras que nunca ingresaron a las arcas del Estado. No obstante, expertos financieros y fuentes cercanas a la investigación sugieren que el daño patrimonial podría ser significativamente mayor, debido a cuentas no auditadas y cargamentos de crudo despachados sin mecanismos de cobro claros.
Un sistema en ruinas
Mientras los fondos públicos se desviaban hacia redes de criptoactivos y bienes de lujo en el exterior, las plantas termoeléctricas y la Central Hidroeléctrica de Guri sufrían un deterioro acelerado por falta de mantenimiento. Hoy, los 15.000 millones de dólares que se necesitan para "iluminar" a Venezuela parecen una meta lejana, a pesar de que esa cantidad —y mucho más— pasó por las manos de la cúpula dirigida por El Aissami antes de desaparecer.
El contraste es devastador: con lo robado en un solo esquema de corrupción, Venezuela no solo habría reparado su red eléctrica, sino que habría tenido un excedente de 10.000 millones de dólares para invertir en salud, educación o infraestructura vial.
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