“Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos, las componendas entre funcionarios y privados para apropiarse de fondos públicos y otras prácticas corruptas fueran un deporte olímpico, Venezuela habría subido al podio por segundo año consecutivo para recibir la medalla de bronce”, señala el documento.
El informe destaca que, desde 2018, la evaluación de Venezuela no ha dejado de retroceder, acumulando una caída de siete puntos desde 2016. Esto coincide con el endurecimiento de los controles políticos y el desmantelamiento de los organismos de control independiente.
Transparencia advierte que estos resultados son el producto de varios factores determinantes: el país se ha consolidado con redes organizadas en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal de oro y la trata de personas, las empresas estatales funcionan como extensiones del partido de gobierno y se ha documentado el uso de criptomonedas para evadir sanciones y facilitar actividades ilícitas.
Hasta 2025, la organización ha identificado 787 empresas en 36 sectores y 1.087 personas relacionadas, entre las que se encuentran directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados y agentes. Asimismo, se detectaron 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estos actores. «Así hemos revelado conexiones del poder con algunos privados, como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt», afirma.
Para revertir esta situación, el organismo internacional recomienda seis medidas urgentes, entre las que destacan: garantizar la independencia del Poder Judicial, proteger el espacio cívico y la libertad de prensa, castigar los casos de corrupción a gran escala y asegurar el acceso a la justicia para las víctimas.
Comentarios: