En el documento, los exmandatarios aseguran que persisten las prácticas represivas y que los responsables de crímenes de lesa humanidad “continúan ocupando posiciones de poder” en el Ejecutivo y en los cuerpos de seguridad. También denuncian que la amnistía está siendo aplicada de manera selectiva, lo que desnaturaliza su propósito.
El Grupo IDEA advierte que la única dimensión visible del proceso de estabilización impulsado por el gobierno de Delcy Rodríguez es la recuperación de la industria petrolera, lo que, en su opinión, otorga al régimen “el beneficio del tiempo para evitar el cambio político y el regreso de la democracia”, mientras la crisis social y humanitaria se agrava.
Los exmandatarios también expresan su preocupación por la contradicción entre el discurso oficial y la realidad en materia de presos políticos. Aunque el gobierno asegura haber liberado a más de 7.700 personas, el comunicado señala que más de 500 continúan encarceladas o bajo arresto domiciliario, entre ellos casos emblemáticos como el del exjuez y abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática.
El documento respalda el requerimiento de la Misión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha pedido a la comunidad internacional mantener su atención sobre Venezuela para garantizar que la transición conduzca a una reforma institucional genuina y al fin de la “cultura del miedo”.
Los firmantes sostienen que este proceso exige una legitimación democrática urgente, a la que consideran la única vía para asegurar gobernabilidad con paz ciudadana.
La declaración está fechada el 18 de marzo de 2026 y cuenta con las firmas de expresidentes de América Latina y España, entre ellos Oscar Arias, José María Aznar, Iván Duque, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Eduardo Frei, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe Vélez, entre otros.
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