De acuerdo con los uniformados, la salida del jefe bomberil fue justificada como consecuencia de una supuesta mala actuación durante el siniestro en locales comerciales. Sin embargo, sostienen que esta versión es una “cortina de humo” para desviar la atención de la verdadera causa: la falta absoluta de equipamiento y recursos para atender emergencias.
“No tenemos herramientas para trabajar”, afirman. Los efectivos denuncian que operan en condiciones de “total abandono y desidia”, sin insumos básicos ni equipos técnicos adecuados. Señalan que la respuesta al incendio no pudo ser más eficiente precisamente por estas limitaciones, responsabilidad que atribuyen directamente a la gestión municipal.
Uno de los funcionarios, bajo anonimato, aseguró que la alcaldesa se niega a reconocer que los bomberos no cuentan con dotación suficiente, y que ahora se pretende responsabilizar al comandante removido cuando —según indican— toda la comunidad conoce la precariedad en la que trabajan.
La situación se agrava con la presunta intervención del general Gregorio González, comandante de los Bomberos del municipio Roscio, quien habría sostenido una reunión con la alcaldesa y su asesor sin notificar al mando local para concretar el relevo. Esta acción ha generado rechazo dentro del cuerpo, que la interpreta como una imposición externa.
Los bomberos advierten que González intentaría ejercer control sobre los cuerpos del sur del estado bajo un esquema de presión. “Cambiar un nombre no resuelve la falta de camiones ni equipos de protección”, señalaron.
Finalmente, los funcionarios hicieron un llamado a las autoridades regionales y a la comunidad de Upata para que se reconozca su labor y se detenga lo que consideran una persecución contra quienes han sostenido la institución pese a las carencias.
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