El gobierno de Venezuela anunció este miércoles 13 de mayo el inicio formal de un proceso de reestructuración integral de la deuda pública externa de la República y de la estatal petrolera PDVSA, en una medida que el oficialismo calificó como “responsable, nacionalista y social”.
A través de un comunicado difundido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, la administración de Delcy Rodríguez aseguró que el objetivo principal es aliviar la carga financiera del país para redirigir recursos hacia sectores prioritarios como salud, electricidad, agua, educación e infraestructura.
El documento sostiene que Venezuela mantuvo durante años el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pero afirma que las sanciones financieras impuestas desde 2017 limitaron el acceso del país al financiamiento internacional y dificultaron la capacidad de pago. No obstante, las sanciones económicas más severas contra el régimen venezolano fueron aplicadas por gran parte de la comunidad internacional a partir de 2019.
“El país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en infraestructura y recuperación productiva”, señala el texto oficial, que presenta la reestructuración como un “nuevo capítulo” orientado a atraer inversiones y estabilizar la economía nacional.
El régimen también aseguró que las obligaciones financieras actuales son “insostenibles” y defendió la necesidad de priorizar el bienestar social sobre el pago a acreedores internacionales. La medida busca alcanzar un alivio sustancial de la deuda y reconstruir la capacidad de Venezuela para acceder nuevamente a los mercados internacionales.
El anuncio ocurre pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia que permite a firmas legales y financieras asesorar técnicamente una eventual reorganización de la deuda venezolana y de PDVSA, aunque todavía siguen prohibidas las negociaciones formales con acreedores.
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