Caracas, 13 de abril de 2025 – Una investigación reciente de Transparencia Venezuela revela que el negocio del oro en el país, centrado en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, opera bajo un esquema donde 72 empresas, muchas de ellas vinculadas a militares y políticos, captarían aproximadamente el 66% de las ganancias generadas por esta actividad. Según el informe, estas compañías se benefician de contratos opacos y alianzas estratégicas que favorecen a un pequeño grupo de poder, mientras el país enfrenta una crisis económica sin precedentes
El estudio, publicado por el medio *Diario Versión Final*, detalla que la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y otras entidades estatales han establecido acuerdos con privados que permiten una distribución desigual de los ingresos. Solo un 8% de las ganancias ingresaría a las arcas nacionales como regalías, y un 5% sería destinado al Banco Central de Venezuela (BCV), que tiene una capacidad limitada para adquirir el oro extraído. Alrededor del 20% restante quedaría en manos de organizaciones criminales que operan en la región, según estimaciones.
La explotación aurífera en el sur de Venezuela, promovida desde 2016 como una alternativa para diversificar la economía dependiente del petróleo, ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental y la falta de transparencia. Las operaciones en el Arco Minero están marcadas por la presencia de grupos armados, incluyendo militares corruptos y guerrillas, que controlan las minas y perpetúan la violencia en la zona. Además, se denuncia que las regulaciones actuales facilitan la apropiación ilícita del recurso, dejando a las comunidades locales en condiciones de vulnerabilidad.
A pesar de los intentos del gobierno por formalizar la actividad minera, la investigación señala que las ganancias no se traducen en mejoras para la población venezolana. Por el contrario, el sistema beneficia principalmente a elites conectadas al poder, profundizando las desigualdades en un país donde la pobreza afecta a más del 80% de sus habitantes. La falta de publicación de los contratos y la opacidad en la selección de socios privados refuerzan las sospechas de corrupción en este lucrativo negocio.
Organizaciones como Transparencia Venezuela han advertido que el marco legal actual, lejos de garantizar un manejo responsable del oro, perpetúa un modelo que prioriza los intereses de unos pocos. Mientras tanto, el impacto ambiental en el Arco Minero, declarado Patrimonio de la Humanidad, continúa agravándose, con deforestación y contaminación por mercurio que amenazan los ecosistemas y la salud de las comunidades indígenas.
El informe concluye que, sin una reforma profunda en la gestión de los recursos minerales, el negocio del oro seguirá siendo una fuente de enriquecimiento ilícito para un reducido grupo de poder, en detrimento del bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental de Venezuela.
Comentarios: