Managua, 16 de mayo de 2025 – La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad para los nicaragüenses. La medida, que modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, establece que todo ciudadano que adquiera otra nacionalidad perderá automáticamente la nicaragüense. La votación, realizada en Niquinohomo, Masaya, durante la conmemoración del 130 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, contó con el respaldo unánime de los 91 diputados presentes.
Según el régimen, la reforma busca reforzar la “lealtad absoluta” a Nicaragua, argumentando que la nacionalidad es un “pacto sagrado” y que adquirir otra ciudadanía rompe el vínculo jurídico y moral con el país. El diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, defendió la medida como “absolutamente democrática”, afirmando que “la patria no se comparte”. La reforma, que requiere una segunda aprobación en 2026 para entrar en vigor, también incluye disposiciones para despojar de la nacionalidad a quienes sean declarados “traidores a la patria” bajo la Ley 1055.
La decisión ha desatado fuertes críticas nacionales e internacionales. La ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses han calificado la reforma como una violación de los derechos humanos y una estrategia para consolidar el control político del régimen. Desde 2018, Ortega y Murillo han despojado de su nacionalidad a más de 450 personas, incluyendo figuras como Sergio Ramírez, Gioconda Belli, el obispo Silvio Báez y defensores de derechos humanos, acusándolos de traición.
La reforma agrava la crisis de apatridia en Nicaragua, afectando potencialmente a miles de nicaragüenses en el exilio que han obtenido otra ciudadanía por necesidad o protección. España, que ha otorgado nacionalidad a 143 nicaragüenses apátridas desde 2023, condenó la medida, comparándola con prácticas de dictaduras del siglo XX. En redes sociales, la diáspora y activistas han expresado indignación, denunciando la ley como un nuevo mecanismo de represión.
Esta reforma se suma a otras recientes, como la eliminación del balance de poderes y la oficialización de Ortega y Murillo como “copresidentes”, que refuerzan el autoritarismo del régimen. La comunidad internacional sigue exigiendo el cese de estas políticas, mientras los nicaragüenses enfrentan un futuro incierto bajo un gobierno que continúa restringiendo derechos fundamentales.
*Fuente: La Prensa Nicaragua*
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