Una investigación realizada por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela revela que, de los ocho clubes que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al menos cuatro están bajo el control de empresarios y directivos con conexiones al círculo de poder del oficialismo. La ONG basa sus hallazgos en fuentes independientes.
Según el informe de Transparencia Venezuela, los equipos Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui mantienen lazos con figuras del gobierno. Los cuatro clubes restantes: Leones del Caracas, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Bravos de Margarita, son propiedad de consorcios privados o grupos familiares.
La ONG detalla que Giuseppe Palmisano Lonigro preside el Consejo Directivo de Navegantes del Magallanes y actualmente también ejerce como presidente de la LVBP. Transparencia Venezuela agrega que Palmisano Lonigro también lidera la Superliga Profesional de Baloncesto, el equipo Trotamundos de Carabobo y el Carabobo FC.
En el caso de los Tigres de Aragua, Esteban Trapiello, productor artístico y televisivo, ha sido identificado entre sus directivos. Transparencia Venezuela, citando un perfil de Armando Info, lo describe como cercano a Tareck El Aissami.
En cuanto a los Tiburones de La Guaira, en 2023 se conoció la compra del equipo por parte de Wilmer Ruperti, empresario naviero. La investigación apunta que, desde entonces, Ruperti ha intervenido en asuntos deportivos del equipo, mencionando como ejemplo un video de diciembre de 2024 donde presuntamente impidió el despido del mánager Oswaldo Guillén.
Sobre los Caribes de Anzoátegui, destacan la cercanía de su propietario, Magglio Ordóñez, con el fiscal general Tarek William Saab. La ONG hace referencia a un perfil del diario español El País, el cual indica que Ordóñez inició sus negocios en 2006, obteniendo contratos para obras públicas en Anzoátegui, bajo la gestión de Saab como gobernador.
Finalmente, Transparencia Venezuela menciona que los Bravos de Margarita, propiedad de Tobías Carrero Nácar, está cerca de convertirse en un quinto equipo con vínculos oficialistas. La investigación sostiene que el equipo fue intervenido por el gobierno en 2020 por órdenes de Tareck El Aissami, aunque no se ha hecho pública más información sobre esta medida.
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