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| Habitantes aseguran que están a merced de los grupos armados, la Policía y los castrenses |
El Estado asegura estar realizando el trabajo de seguridad con la militarización de algunos yacimientos, con la incursión de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) a las minas y el Arco Minero. Con ello esperan erradicar tanto la minería ilegal como los grupos armados.
La violencia hizo casa al sur del estado Bolívar. Entre parajes extensos que invitaban a la paz y la reflexión, la población vive ahora sitiada por grupos parapoliciales, el hampa y los cuestionados despliegues de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Los cuerpos de seguridad son señalados de cometer crímenes, pero también son víctimas en un enjambre de balas, intereses soterrados y corrupción.
En las últimas semanas han ocurrido incidentes violentos en El Callao, El Palmar, Santa Elena, Tumeremo y Guasipati. Enfrentamientos, crímenes, robos, saqueos y funcionarios policiales expulsados. Pareciera ser que el sur no descansa en ningún momento y que la violencia no da tregua.
El Gobierno evidenció que una de las soluciones para lo que se vive en los poblados mineros era la aplicación de la OLP. Las incursiones han sido pocas y quienes controlan esos sectores no han sido aprehendidos durante estos procedimientos.
El expresidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó a finales de agosto de 2015 que la OLP tendría una actuación especial en el estado Bolívar, pues se dedicaría a combatir la minería ilegal y la presencia de grupos irregulares.
Algunos admiten que el poder es de esos grupos armados y que los órganos de seguridad simplemente están a merced de sus órdenes. Hay desconfianza entre los habitantes, tanto así que hace unos días en el municipio Gran Sabana hubo tensión entre los habitantes de Santa Elena de Uairén y los oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) por la muerte de tres integrantes de una familia. Los vecinos del pueblo insisten en responsabilizar a los uniformados por el crimen.
Luego, una balacera entre la banda de el Perú y Nacupay en El Callao por el control de una zona minera.También el crimen de dos efectivos de la Guardia del Pueblo, pertenecientes al Regimiento de la Guardia del Pueblo Bolívar, base misión Anacoco, en el kilómetro 23, municipio Sifontes.
El recuento de una semana de criminalidad en el sur cierra con la detención de cinco personas en Tumeremo, vinculadas con el Cártel de Sinaloa (México), que planeaban robar una avioneta para el narcotráfico.
Estado cómplice
Para Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, “hay un Estado forajido, un estado de descomposición lamentablemente total, donde pareciera que no hay huesos ni instituciones sanas. Te soy honesto he perdido mi capacidad de asombro”.
“El detonante para lo que se ha venido desencadenando en el sur es la complicidad. Auspiciado y promovido por el Estado, porque es cómplice de todas estas operaciones, del crimen organizado en el sur, y el oro es una forma de legitimar capital mal habido”, mantuvo.
De Grazia lamenta que las víctimas finales sean los ciudadanos, que terminan asqueados de todo lo que los rodea cuando deben acudir a los organismos de seguridad. Confiesa que la Policía delata la denuncia y al denunciante para que el delincuente lo liquide, por lo que la gente termina perdiendo la confianza en los cuerpos de seguridad y se contribuye así con el sistema de impunidad que rige en Venezuela.
“Los jueces son provisorios, los fiscales no son escogidos por concurso, estado de inestabilidad judicial, que no permite que se haga justicia. Eso hace que la gente opte por los linchamientos para intentar hacer justicia, cosa que obviamente no podemos avalar ni justificar”, añade.
El poder de los grupos armados
Un funcionario de la PEB explicó a Correo del Caroní que los grupos armados mantienen sectorizado su territorio en las minas. “Nosotros solo podemos controlar la seguridad en el pueblo y la zona comercial, porque a las minas ingresa es la OLP, es decir, Ejército, GNB, Sebin y Cicpc”.
Explicó que cuando los grupos parapoliciales van al pueblo es porque tienen conflictos con otra banda. Es entonces cuando se les dificultan las labores, ya que es en el sector urbano donde la PEB puede hacerles frente.
Esto, sin embargo, no es suficiente para frenar la violencia. Ni siquiera con la incursión de la OLP a las minas, pues el hampa tiene otro aliado puertas adentro: la corrupción.
“Los pranes ofrecen dinero. Para hacerte de la vista gorda dan gramas de oro. Nunca tienen un precio exacto después de la producción. Ellos manifiestan que le pagan desde generales de la GNB para abajo, incluyendo a los PEB. Algunos reciben pago en kilos, y ese negocio lo tienen con todos los cuerpos de seguridad para que los dejen trabajar”, confiesa el funcionario policial.
La instauración de grupos armados en las minas, la corrupción de los cuerpos de seguridad, y los intereses políticos y económicos detrás del sistema judicial son elementos más que suficientes para fraguar un Estado que no solo es cómplice de la violencia y la criminalidad, sino que menoscaba el derecho humano a la vida y ampara la explotación a mansalva de los recursos naturales; bien a través de la anuencia a los grupos irregulares que explotan los yacimientos auríferos o con el altísimo impacto ambiental que implicaría, como ya se ha alertado, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).
La Caja de Pandora
Millares de voces, discursos, documentos e investigaciones han alertado sobre el peligro de la instauración del AMO: un proyecto del Gobierno nacional para explotar los yacimientos de gran parte del territorio del estado Bolívar -a través de concesiones a empresas trasnacionales- en su búsqueda de oxígeno económico ante la caída de los precios del petróleo.
El impacto en la flora, la fauna, la pequeña minería, los pueblos indígenas, la economía local y hasta en el cambio climático han sido factores de peso para que decenas de organizaciones no gubernamentales, la Asamblea Nacional, partidos políticos e investigadores universitarios se opongan a la medida, mientras el Gobierno sigue avanzando en sus planes de extracción sin siquiera consultar a los pobladores.
Por eso, en Tumeremo, no falta quien diga que la masacre de hace seis meses fue una operación limpieza gestada por el Ejecutivo. No falta quien diga que el Topo, líder de la banda que se hizo del control aquella bulla, no fue más que el brazo ejecutor de un Gobierno que pretende desalojar los yacimientos para entregarlo a las trasnacionales. No falta quien diga que la fiebre del oro, la de un gobierno quebrado, la de los pranes, la de la subsistencia de decenas de venezolanos ante la crisis, es también un festín de la muerte.
¿Cártel de Sinaloa en Bolívar?
Sobre la posible presencia del Cártel de Sinaloa en Bolívar, De Grazia comentó: “es inevitable preguntarte por qué no es posible, si lo más grave es que un narcotraficante esté al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El, Reverol, es acusado por la DEA y solicitado, pero está al frente del ministerio y con completo conocimiento de Miraflores, por qué extrañarnos que el Cártel de Sinaloa esté en Guasgualito, Caracas, Puerto Ayacucho o Bolívar”.
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